CEDH vigilará que la prohibición de celulares en aulas no vulnere los derechos estudiantiles
El organismo estatal respaldará la medida si fortalece el aprendizaje, pero advierte que recibirá quejas y actuará ante cualquier aplicación excesiva o indebida por parte de las autoridades escolares.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) mantendrá una vigilancia estricta sobre la aplicación de la nueva norma que restringe el uso de teléfonos celulares y tabletas en los planteles educativos, a fin de evitar posibles abusos contra el alumnado.
En entrevista, la presidenta del organismo, Margarita Espinosa Armengol, informó que darán un puntual seguimiento a los casos concretos que se presenten durante la implementación de esta medida, asegurando que la prioridad del organismo defender de forma oportuna a la comunidad estudiantil.
Sobre la postura de la institución, la ombudsperson apuntó que si la restricción contribuye a fortalecer la formación de niñas, niños y adolescentes, la Comisión respaldará la disposición; sin embargo, advirtió que estará atenta ante cualquier aplicación excesiva.
“Recibirás las quejas que pudieran presentarse por una aplicación indebida de la disposición y actuará para proteger los derechos humanos de los estudiantes”, sostuvo la titular.
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Asimismo, la representante del organismo autónomo enfatizó que las autoridades educativas deben actuar dentro de los límites del respeto hacia los alumnos.
“Vigilarán que la restricción del uso de celulares y tabletas en las escuelas no derive en excesos o vulneraciones a los derechos de estudiantes”, por lo que la institución se mantendrá como un canal receptivo para atender cualquier irregularidad derivada de la vigilancia en las aulas.
Cabe destacar que esta postura surge de cara a la entrada en vigor de la regulación del uso de dispositivos móviles en los centros escolares a partir del próximo 3 de noviembre, medida orientada a impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas en la infancia y juventud.
La disposición normativa se estableció tras un acuerdo unánime entre los gobernadores del país y contó con el aval de una consulta previa realizada a docentes de todos los niveles educativos.
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