Exigen frenar la discriminación la discriminación a la comunidad LGBT+
A pesar de un mandato de la SCJN desde 2023 y de que el estado cuenta con más de 120 mil personas de la diversidad sexual, el Congreso local sigue postergando la Ley de Identidad de Género.
En el marco del Día Internacional y Estatal de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, Jose de la Cruz, titular de tudisex, lanzó un enérgico llamado a las autoridades de Tabasco para dar cumplimiento al amparo indirecto 290/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicho fallo mandata al Gobierno del Estado y a la Cámara de Diputados a realizar las adecuaciones necesarias para el reconocimiento legal de la identidad de género de personas trans y no binarias.
Sin embargo, mediante la solicitud de prórrogas, las instituciones locales han caído en un desacato que ha sido calificado como un acto abiertamente discriminatorio, manteniendo a Tabasco dentro del rezago de los únicos seis estados del país que aún no cuentan con esta legislación, en contraste con las 26 entidades que ya la han promulgado, siendo Tlaxcala, Guerrero y Veracruz las más recientes.
La urgencia de estas reformas estructurales se respalda en las cifras de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del INEGI, la cual estima que en México existen alrededor de 5 millones de personas identificadas como LGBT+, de las cuales más de 120 mil residen en Tabasco.
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Activistas y defensores señalaron que, a más de tres décadas de que la Organización Mundial de la Salud eliminara la homosexualidad de su clasificación de enfermedades, la población de la diversidad sexual en la entidad sigue enfrentando graves barreras de exclusión que limitan su acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo y la justicia, con un impacto particularmente severo y violento hacia las mujeres trans.
Finalmente, se enfatizó que la discriminación en la región es interseccional, agravándose significativamente cuando se vincula con factores como la pobreza, el origen indígena, la migración o el vivir con VIH.
Ante esta realidad, se demandó el diseño urgente de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y género, así como un enfoque de salud pública libre de prejuicios que garantice un acceso digno a los servicios médicos.
Los pronunciamientos concluyeron bajo la premisa de que la dignidad humana no admite excepciones, reiterando que ninguna persona debe ser víctima de violencia o desigualdad por el simple hecho de ser quien es.
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