Confirma Sheinbaum: UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya
La UIF precisó que la inmovilización es una acción precautoria para proteger el sistema financiero nacional
El diferendo jurídico internacional que involucra a mandos políticos del estado de Sinaloa escaló formalmente al terreno de la fiscalización financiera. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó el bloqueo preventivo de los activos financieros del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y excolaboradores bajo la mira de la justicia estadounidense.
Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo Federal explicó que el congelamiento de fondos no responde a una iniciativa punitiva directa del gobierno mexicano, sino al cumplimiento automatizado de los protocolos de corresponsalía bancaria transfronteriza, activados tras liberarse órdenes de captura en la Unión Americana.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente, lo hace la UIF”, detalló la mandataria este lunes.
Mecanismo técnico: El bloqueo “LPB 24 Horas”
Horas más tarde del anuncio en Palacio Nacional, la UIF emitió un comunicado técnico para desglosar el fundamento legal del procedimiento. La dependencia detalló que la inmovilización de capitales se fundamentó en los reportes bancarios denominados “LPB 24 Horas”, derivando en la adición inmediata de los nombres de los diez implicados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
La autoridad hacendaria fue enfática al señalar que este acto no representa una sentencia definitiva ni acredita culpabilidad en la comisión de ilícitos, catalogándolo estrictamente como una medida de contención administrativa y precautoria para blindar la integridad de los flujos monetarios nacionales.
Bajo el marco constitucional vigente, las personas políticamente expuestas (PPE) que integran este padrón restrictivo mantienen a salvo sus derechos de defensa. Los implicados podrán recurrir al ejercicio de la garantía de audiencia, interponer recursos administrativos o iniciar juicios de amparo ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para intentar liberar sus fondos mientras avanzan las carpetas de investigación.
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Antecedentes: La caída política en Sinaloa
La crisis institucional de la administración sinaloense detonó formalmente el pasado 29 de abril de 2026, fecha en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una demanda penal y requerimiento de extradición en contra de Rocha Moya y su círculo cercano, imputándoles nexos operativos y de protección al cártel de dicha entidad.
Ante la gravedad del reclamo binacional, el entonces gobernador notificó el primero de mayo al Congreso de Sinaloa su separación temporal del cargo a través de una solicitud de licencia. Esta decisión política se tomó con la finalidad de encarar de forma externa la investigación paralela iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual evalúa el alcance de las imputaciones financieras y de seguridad nacional en territorio mexicano.
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