Los municipios de Cárdenas, Macuspana, Paraíso y Nacajuca son los que mayor número de quejas reciben por daños ambientales a predios y comunidades refirió en entrevista el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional en México de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Marco Antonio Solis Salas.
De acuerdo con lo declarado por el representante de la CODUC, estas quejas abarcan una amplia gama de problemáticas, como la contaminación de ríos y suelos, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la afectación a la salud de los habitantes de las zonas afectadas.
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“Hay un ejido que se conoce muy bien por esta problemática, que se llama Blasillo II, es el ejido que más pozos petroleros tienen en este país, recuerdo que eran alrededor de 30, una problemática que debe ser corregida y sancionada. Muchos de estos daños ambientales son daños que difícilmente se podrán resarcir”, expuso.
El pasado 14 de julio se dio a conocer el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Congénitas (PTAC) ubicada en el municipio de Nacajuca, señalada por los habitantes de al menos cinco comunidades de verter presuntos residuos tóxicos al río causando serios daños ambientales a flora y fauna del lugar, además de daños a la salud de quienes habitan en sus alrededores.
Solo un par de días después un caso similar ocurrió en el municipio de Cunduacán, donde habitantes del sector ‘La Candelaria’ en la ranchería Huimango segunda sección, denunciaron fuertes olores que emanan de una compañía denominada Ecológicos Herrera, que presuntamente ha provocado malestares de salud a los habitantes de la zona.
“Estás empresas se caracterizan por emanar fuertes olores usualmente por las noches, por el derrame de residuos a cuerpos de agua que finalmente contaminan grandemente los cuerpos de agua, al igual como ocurre con la cementera Holcim Apasco, en Macuspana, me atrevo a decir que del total solo un promedio de dos a tres denuncias de este tipo se resuelven”, señaló Solís Salas.
En ese sentido, confió en que la próxima administración tanto locales como estatales puedan resolver la deuda historica ambiental que enfrenta la entidad, y se tomen acciones concretas que permitan prevenir y remediar estos daños ambientales, así como para que se garantice la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo y la preservación del medio ambiente.
