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Poder legislativo continúa en deuda con las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo

Un tribunal federal mexicano emitió una orden para garantizar los servicios de aborto voluntario hasta las 12.6 semanas de gestación en el estado de Chihuahua. Con esta determinación, la entidad se convierte en la duodécima entidad en México en reconocer la interrupción legal del embarazo, mientras que Tabasco arrastra una deuda histórica con la mujer, de acuerdo al Frente Feminista Nacional.

La integrante del Frente Nacional Feminista, María Guadalupe Pérez López, refirió que aunque como colectivos que luchan por los derechos reproductivos de las mujeres en el país celebran este paso, aún hay entidades que siguen pendientes de legalizar el aborto, como es el caso de Tabasco.

“Seguimos esperando que Tabasco sea considerado por las y los legisladores, hace unos días presentamos un documento de compromiso para los próximos legisladores a fin de que sean incluidos en sus agendas de trabajo como políticas públicas, para hacer justicia a muchas mujeres que están en la cárcel por haber cometido el aborto no legal por diversas circunstancias”, refirió la activista.

De acuerdo con la agrupación, en Tabasco la interrupción del embarazo sigue siendo una deuda histórica con las mujeres. A pesar de los avances en materia de derechos reproductivos en México, aún queda trabajo por hacer para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios seguros y legales de aborto en todas las entidades federativas.

“Tabasco es un estado progresista y debe sacar esos temas, es un tema que nos ha lastimado a muchas mujeres históricamente, por eso presentamos el documento Irrenunciables Feministas que incluye uno de los temas que tenemos como prioritarios dentro de sus cinco ejes como la salud sexual y reproductiva que contempla el aborto y que tiene que ser un tema para el próximo año”, refirió.

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Hasta ahora, en Tabasco se sanciona con una pena de seis meses a tres años de cárcel a la mujer que aborte voluntariamente y solo se permite la interrupción del embarazo en casos de violación en un periodo menor a 90 días.

Por: Yazmín Espinoza

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