Piden a UJAT diplomados de actualización para juristas sobre el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares
El Colegio de Abogados Tabasqueños (CAT), demandó para al personal del sistema judicial, juristas e instituciones académicas, impulsen la actualización de conocimientos jurídicos relacionados con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para garantizar el derecho de los infantes.
Todos los involucrados en operar con el sistema judicial que atienden casos relacionados con menores de edad, deberán de actualizarse para conocer los nuevos procedimientos que garanticen el derecho de los niños y las niñas.
Al respecto, Mariel Arroyo, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, explicó que el nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares ya actualizó sus procesos que entraran en vigor el próximo abril del 2027, pero de no estar actualizados, se corre el riesgo que los proceso no se hagan bien, principalmente donde existan menores de edad involucrados.
La abogada resaltó que los abogados deberán actualizarse antes del primero de abril del 2027 ya que así lo marcan los nuevos procedimientos.
El Colegio de Abogados Tabasqueños iniciará con el estudio de los nuevos procedimientos y ha solicitado a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), crear cursos de actualización con valor curricular, a favor del gremio.
“Deben de actualizarse no solo todos los litigantes, sino defensores, secretarios y todos los involucrados en casos de juicios que afecten los derechos de la infancia, teniendo como plazo límite el 1 de abril del 2027”, dijo.
Todos los litigantes, pero también los operadores –, jueces, proyectistas, secretarios, actuarios y defensores– de los juicios que afecten derechos de la infancia deberán estar especializados en la materia, a partir del inicio de la aplicación en cada estado, del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; y del 1° de abril de 2027, en todo el país.
Esto es, así pues, aunque el artículo 666 del ordenamiento aprobado por el Congreso de la Unión, requiere expresamente que “en aquellos asuntos que se afecten derechos de la infancia la defensa será especializada.
Para el caso de que alguna o ambas partes acudan sin ella, la autoridad jurisdiccional solicitará de inmediato la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera gratuita asistirá a quien lo requiera”; sería un contrasentido que el personal judicial que intervenga, inclusive en la segunda instancia, y de la defensoría pública no estén actualizados en ese rubro.
Al respecto ante la profusión de diplomados y cursos, onerosos, sin reconocimiento oficial, valor académico, y la inexistencia de éstos, con RVOE, dentro de las acciones de la Comisión implementadora para conducir la instrumentación del nuevo sistema procesal en la entidad; el Colegio de Abogados Tabasqueños solicitó, en cumplimiento de su objeto social, a la Universidad Juárez la impartición de la especialidad respectiva con créditos académicos y duración suficientes para satisfacer el requisito legalmente establecido.
