La SHCP bloqueó las cuentas de 13 casinos en 8 estados por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la FGR.
La Secretaría de Hacienda (SHCP) ha puesto en marcha una operación de gran calado contra el blanqueo de capitales, bloqueando las cuentas bancarias de 13 casinos en México. Tras meses de investigaciones, la dependencia federal detectó presuntos actos de lavado de dinero, operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales irregulares y vínculos con la delincuencia organizada.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles en la conferencia matutina que en los casinos señalados se detectaron conductas inusuales y evasión fiscal, movilizando hasta 50 millones de pesos en operaciones sospechosas. Entre los establecimientos investigados se encuentran dos filiales de Grupo Salinas (TV Azteca).
El Modus Operandi: Efectivo, transferencias y plataformas digitales
El Gobierno federal identificó tres modus operandi claros en las casas de apuestas investigadas. El primero era el uso de grandes cantidades de efectivo. El segundo, una compleja red de intermediarios que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país.
En un comunicado, Hacienda detalló la sofisticación de la red: “Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”.
Vínculos con el crimen y el salto a la Inteligencia Artificial
El secretario Omar García Harfuch fue enfático al señalar que los hallazgos vinculan a estos establecimientos con la delincuencia organizada. A raíz de esta investigación, el gobierno iniciará una nueva etapa de prevención.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desarrollará mecanismos de detención temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial para detectar conductas inusuales que generen un daño al sistema financiero”, señaló el secretario de Seguridad.
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Las investigaciones también detectaron que las plataformas digitales de apuestas utilizaban a personas con perfiles económicos vulnerables (amas de casa, estudiantes, jubilados) como intermediarios para recibir fondos y transferirlos a los verdaderos dueños, ocultando así el origen del dinero.
Grupo Salinas acusa “acto autoritario”
El escándalo escaló cuando Grupo Salinas confirmó que dos de sus empresas subsidiarias, Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador Tv Azteca SAPI de CV, forman parte de la investigación. El consorcio reaccionó enérgicamente, calificando la acción como “un acto autoritario e infundado”.
Grupo Salinas aseguró que sus empresas “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales” y que, junto a sus socios internacionales del Reino Unido, han dado “pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”. El grupo también recordó que los permisos de operación de estos casinos fueron otorgados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Cooperación internacional y el contexto de la industria
La operación contra el sector ilegal de juegos se produce en un contexto de alta vigilancia financiera. Ocurre solo un mes después de que Estados Unidos sancionara a los bancos Intercam y CIBanco por presunto lavado de dinero de cárteles del narcotráfico. Hacienda reafirmó que esta investigación se realiza en colaboración con FinCEN y OFAC, dos agencias del Departamento del Tesoro de EE. UU. especializadas en rastrear dinero ilícito.
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Aunque el sector legal de juegos y sorteos en México está valuado en 3,000 millones de dólares anuales, la Asociación de la Industria del Entretenimiento (AIEJA) reconoce que las apuestas ilegales han ido en ascenso, estimando que un 60% de las páginas de apuestas en internet son ilegales.
La UIF ahora prepara las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguimiento a los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
