Este viernes, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de facultar al Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) para que adquiera, construya, rehabilite y rente viviendas.
“El Fondo de Vivienda adquirirá, rehabilitará y construirá viviendas para ser vendidas o arrendadas a precios accesibles a las personas trabajadoras y pensionadas beneficiarias de esta ley, y estará facultado igualmente para adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales”, se establece en el proyecto.
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También propone que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se realicen sobre el salario integrado, cuando éste rebase las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representará un incremento en la aportación obligada de estados y municipios. El salario integrado estará compuesto por los sueldos y salarios devengados por el trabajador, y que se integran por el sueldo base tabular y las compensaciones tabulares que reciban.
La finalidad es que el ISSSTE capte más recursos, ya que con la reforma el Fondo de Vivienda advierte la creación de unidades administrativas y plazas, lo que implicaría un impacto presupuestario estimado en 20 millones de pesos anuales.
Con dichos cambios a la ley, el instituto prevé obtener 11 mil 100 millones de pesos: 3 mil 400 millones de aportaciones de los trabajadores y 7 mil 700 millones de estados y municipios, y planea utilizar dichos recursos extra para “el financiamiento de las prestaciones de servicios médicos” y para que el Fondo de Vivienda realice “la modificación correspondiente a su estructura orgánica”.
“Para el cumplimiento del sistema de seguridad social que emana de la Constitución federal, se requieren recursos suficientes, por lo que con la presente iniciativa se motivan esquemas financieros más equitativos, proporcionales y progresivos”, señala la iniciativa de Sheinbaum Pardo.
También se faculta al ISSSTE para que utilice los recursos del Fondo de Vivienda para demoler la vivienda o inmuebles que adquiera, para rehabilitar y construir, y le permite al instituto intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales, y sufragar los gastos correspondientes, en tanto no sea transmitida la propiedad de todas las viviendas que integran el conjunto habitacional.
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“Es necesario diseñar un programa de vivienda y regularización territorial que consolide la estrategia para reducir el rezago habitacional en el país. Dicho programa incluye la construcción de 500 mil viviendas dirigidas a personas derechohabientes del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores) y 500 mil para aquellos que no lo son; 450 mil ampliaciones y mejoramientos de vivienda, así como la regularización de un millón de inmuebles”, se expone.
En concordancia, el proyecto de Sheinbaum Pardo para construir un millón de viviendas en su sexenio también planea regularizar la propiedad de un millón de hogares: el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) realizará 700 mil trámites, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encargará de 100 mil escrituras y el Infonavit de 200 mil.
A la par de su creación, en enero de 1960, el ISSSTE tenía la obligación de arrendar habitaciones económicas pertenecientes al instituto y contaba con la facultad de poseer viviendas y, en segunda instancia, se le concedía la atribución de adquisición o construcción de habitaciones para ser vendidas a precios módicos a las personas trabajadoras del Estado.
En 1972 se creó el Fovissste con el propósito de ofrecer viviendas accesibles, ya sea en arrendamiento o venta.}
“Al eliminarse esta atribución del ISSSTE en posteriores reformas a su ley, se impuso un modelo de políticas neoliberales que generaron que las empresas y no el gobierno construyeran viviendas para las personas trabajadoras, motivando a un control no sólo de las viviendas mismas, sino de su costo, diseño, materiales de construcción y ubicación, entre muchos otros elementos que repercutieron en viviendas de mala calidad, de difícil acceso tanto a los complejos habitacionales como a los servicios y equipamiento”, se señala en la iniciativa.
