A partir del 1 de diciembre, el gobierno federal ampliará el alcance del Decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
Esta medida incluirá a las unidades ilegales cuyos números de serie empiezan con una letra indicativa de su origen en Asia y Europa, pero que fueron comercializadas en Estados Unidos y Canadá.
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), expresó su preocupación por los impactos negativos de esta decisión.
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Entre los efectos mencionados se encuentran el sobreofertar el mercado de vehículos usados, una reducción del 20% en el precio de los vehículos nacionales de modelos similares en todo el país, y una afectación adicional al Registro Público Vehicular (REPUVE).
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la ampliación de la medida durante una conferencia desde Tijuana.
Según Rodríguez, se han regularizado un millón 874 mil 338 vehículos usados extranjeros desde el 19 de marzo de 2022 hasta el 9 de noviembre de 2023. Esta decisión se tomó en respuesta a una solicitud de alrededor de 2 mil 500 propietarios de este tipo de unidades irregulares en Baja California.
Sin embargo, Rosales Zárate advierte que esta ampliación de la regularización, al ajustarse al Decreto existente, se extenderá a las 17 entidades donde ya opera, multiplicando el impacto de la medida.
México implementará programa para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera
Esto podría afectar el mercado interno y provocar problemas adicionales, ya que una vez emplacadas, estas unidades podrán moverse al resto del país.
El presidente de la AMDA destacó que no se aborda el problema fundamental de la corrupción de funcionarios que permiten el ingreso ilegal de vehículos usados extranjeros al país, su circulación en ciudades y carreteras federales, y su venta en vía pública y tianguis.
Además, subrayó que no es necesario extender la regularización casi a nivel nacional cuando más del 51.6% de las regularizaciones se concentran en Tamaulipas, Chihuahua y Baja California.
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