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Tribunal de Perú ordena liberación inmediata de Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado procedente un recurso y ha instruido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo a que, “en el día”, procedan con la inmediata liberación del exmandatario Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”.

En el comunicado se destaca que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que instaba al Estado peruano a abstenerse de liberar a Fujimori, “entra en conflicto con la ejecución de la sentencia constitucional en este caso” y señala una “falta de competencia”.

“Debido a esta falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial en el marco de la supervisión del cumplimiento de sentencias, este Tribunal ha dispuesto la ejecución de su sentencia del 17 de marzo de 2022 en este caso, desviándose de lo establecido en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresa el Tribunal Constitucional.

El Tribunal hace referencia a un indulto que ya había sido previamente anulado. Este indulto, otorgado por el Tribunal Constitucional, respaldaba la liberación de Fujimori “por razones humanitarias”.

En una resolución obtenida por The Associated Press, el Tribunal ha instado a la entidad estatal encargada de gestionar las prisiones a que, “en el día”, proceda con la “libertad inmediata” de Fujimori, de 85 años de edad.

Fujimori actualmente cumple una condena de 25 años como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves durante su mandato (1990-2000), atribuidos a un escuadrón militar clandestino.

La controversia sobre la posibilidad de su liberación resurgió recientemente cuando el TC ordenó cumplir con la “inmediata libertad” del exmandatario al rechazar solicitudes de aclaración sobre un fallo de 2022 en el que se concedía un habeas corpus y se ratificaba el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Este indulto fue posteriormente anulado por el Poder Judicial debido a graves irregularidades detectadas.

El viernes, el juez argumentó que no le correspondía ejecutar la sentencia desde su despacho, sino que esta responsabilidad recaía en el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución. El Tribunal le había remitido la sentencia con la orden de llevar a cabo la liberación, ya que la demanda a favor de Fujimori se había presentado inicialmente en la corte de la ciudad de Ica.

No obstante, el juez de Ica, Vicente Fernández, negó tener competencia, ya que su juzgado había rechazado el habeas corpus.

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