Según informaron familiares y fuentes cercanas al caso, en Arabia Saudita se ha dictaminado la pena de muerte para un opositor que utilizó las redes sociales para denunciar presunta corrupción y violaciones de derechos humanos. Mohammed al Ghamdi, quien expresó sus críticas a través de mensajes en la plataforma X, fue enjuiciado por el Tribunal Penal Especializado, una instancia generalmente destinada a asuntos de terrorismo pero que también se ha utilizado para juzgar a disidentes políticos y activistas.
Las acusaciones presentadas contra al Ghamdi incluyen cargos de conspiración contra líderes, atentado contra las instituciones estatales y respaldo a la ideología terrorista. Las autoridades sauditas se han abstenido de hacer comentarios al respecto.
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Saeed al Ghamdi, hermano de Mohammed y activista en el exilio, ha declarado que el caso se basó en publicaciones anónimas en su cuenta de X, donde criticaba al gobierno y mostraba apoyo a “prisioneros de opinión”. Curiosamente, la cuenta de Mohammed al Ghamdi tenía apenas nueve seguidores, según el Centro del Golfo para los Derechos Humanos.
Lina al Hathlul, responsable de comunicación en la asociación de defensa de derechos humanos ALQST, cuestionó la contradicción entre la supuesta reforma del país y la condena a muerte por unos pocos tuits en una cuenta con escasa audiencia.
En el reino saudita, se llevaron a cabo alrededor de 147 ejecuciones en 2022 y 94 en lo que va de este año.
En otro ámbito, en Guatemala, se produjo el arresto de Claudia González, una exfuncionaria de una comisión antimafias de la ONU. González es uno de varios exoperadores de justicia involucrados en investigaciones de corrupción que actualmente están detenidos o exiliados, casos que han sido criticados por Estados Unidos.
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La Fiscalía guatemalteca informó sobre la detención de González, acusándola de haber iniciado una investigación no autorizada en 2017 contra una magistrada del Poder Judicial. Supuestamente, esta magistrada habría presionado a un juez para favorecer a su hijo en un caso de corrupción.
Al llegar a los tribunales, González, de 56 años, denunció su detención como una “criminalización, hostigamiento y persecución penal innecesaria” por parte de la Fiscalía. Esta acción ha sido condenada tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo una crítica contundente del jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, quien señaló que el ataque hacia defensores de la justicia socava la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. La Fiscalía también ha sido criticada por su intervención en el proceso electoral y por abrir una investigación contra Semilla, el partido del próximo presidente, Bernardo Arévalo.
