Buscan dejar lista de sucesión para evitar disputas familiares
Con un promedio de hasta 60 sentencias resueltas por caravana y el reto de regularizar más de mil escuelas sin títulos de propiedad en ejidos de Tabasco, la dependencia estatal aplaude la disposición del Tribunal Unitario Agrario para resolver juicios intestamentarios y dar certeza jurídica a las familias campesinas.
La Procuraduría Agraria en Tabasco, bajo la titularidad de Julián Salinas Romero, intensificó las acciones de concientización y asesoría jurídica en las comunidades rurales del estado para abatir el rezago en materia de derechos hereditarios.
Ante la frecuente problemática de productores que fallecen sin designar un heredero formal ante el Registro Agrario Nacional (RAN), la dependencia trabaja de manera coordinada con el Tribunal Unitario Agrario a través de caravanas itinerantes, logrando resolver de manera inmediata entre 50 y 60 expedientes con sentencia definitiva por cada jornada.
Como ejemplo, destacó un reciente ejercicio en el municipio de Huimanguillo, donde se desahogaron 38 juicios sucesorios de mujeres y 25 de hombres.
Al respecto, Salinas Romero enfatizó la importancia de prever estos escenarios legales para proteger el patrimonio familiar y evitar fracturas en el tejido social de las comunidades.
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“La lista de sucesores, haciendo esa concientización a quienes no han manifestado su derecho, pues que dejen establecido un sucesor y que el día de mañana eviten un conflicto o una confrontación entre los hermanos o quienes tienen ese derecho”, puntualizó el funcionario, quien además hizo un reconocimiento público a la apertura del magistrado agrario por incorporarse directamente a las mesas de trabajo en territorio.
A la par de los juicios intestamentarios, el ombudsman agrario en la entidad reveló que existe una agenda prioritaria para brindar certidumbre patrimonial a la infraestructura pública, específicamente en el rubro educativo, donde se tiene detectado un padrón de planteles que operan en la irregularidad jurídica.
“Son más de 1,000 centros educativos a los que hay que ir dándoles el tratamiento conforme a la situación que cada uno guarda, porque son espacios o centros educativos que hoy no cuentan con un documento con el cual acreditar la titularidad”, concluyó Salinas Romero, tras explicar que para lograrlo se requiere modificar el destino de las tierras ejidales (solares o parcelas) con el respaldo del tribunal.
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