Solamente el 9 % de sentencias anticorrupción son condenatorias
Pese al endurecimiento de las leyes en Tabasco y a nivel federal, que incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años y la fiscalización a particulares, el sistema judicial lidia con una efectividad crítica frente al cohecho y el peculado.
El magistrado Lázaro Bejar Vasconcelos, presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, advirtió que México atraviesa un “déficit crítico” en la lucha contra la impunidad.
Durante un análisis profundo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el jurista reveló que, aunque el país cuenta con un andamiaje legal robusto y sanciones severas, la efectividad real es alarmante: apenas el 8.9% de las resoluciones emitidas resultan en sentencias condenatorias.
Este escenario se presenta en un contexto donde, al cierre de 2023, el 14% de la población adulta fue víctima de corrupción, con la seguridad pública como el área de mayor incidencia delictiva.
En el ámbito local, Tabasco ha dado pasos firmes hacia la modernización con la publicación de la Nueva Ley del Sistema Anticorrupción en junio de 2025 y reformas constitucionales en enero de 2026.
Este nuevo marco normativo impulsó la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sustituyendo a la Función Pública, con el fin de garantizar que la autoridad que investiga sea distinta a la que juzga.
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La legislación actual clasifica con rigor las faltas, otorgando a los Tribunales de Justicia Administrativa la competencia exclusiva sobre conductas graves como el desvío de recursos, el nepotismo y el enriquecimiento oculto, asegurando así el debido proceso.
La contundencia de la ley no solo busca castigar al servidor público, sino inhibir la participación de particulares y empresas en actos ilícitos.
El catálogo de sanciones es implacable: contempla suspensiones, destituciones e inhabilitaciones temporales que pueden extenderse hasta por 20 años si el daño patrimonial excede los umbrales económicos legales. Además, las multas pueden duplicar el beneficio obtenido ilegalmente.
Con plazos de prescripción de hasta siete años para faltas graves, el sistema busca cerrar el paso a la impunidad, aunque el reto persiste en transformar estas leyes en sentencias efectivas que saquen a México del lugar 141 en percepción de corrupción global.
