Hasta 25 años de carcel por extorsión en Tabasco
Tabasco apuesta por inteligencia y tecnología contra la extorsión
Para restaurar la paz social y proteger la economía de las familias tabasqueñas, el Congreso aprobó ayer por unanimidad la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, la cual establece penas severas que alcanzan hasta los 25 años de prisión.
Esta reforma integral, alineada con la estrategia de seguridad federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por el Gobernador Javier May Rodríguez, no solo endurece las sanciones pecuniarias y corporales, sino que redefine por completo la estructura de combate al crimen en la entidad.
Al armonizar la legislación estatal con la Ley General en materia de Extorsión, Tabasco se coloca a la vanguardia jurídica, eliminando el delito del Código Penal local para regirlo bajo un marco especializado que garantiza una respuesta institucional más ágil y contundente contra quienes atenten contra la tranquilidad ciudadana.
La nueva normativa marca un hito en la procuración de justicia al establecer que la extorsión será perseguible de oficio, eliminando la barrera del miedo que impedía a muchas víctimas denunciar por temor a represalias; a partir de ahora, la autoridad tiene la obligación ineludible de actuar de inmediato.
Para soportar este cambio operativo, se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar vida a la Fiscalía Especializada en Materia de Delito de Extorsión, una unidad que contará con personal altamente capacitado y facultades específicas para desmantelar redes delictivas.
Este nuevo enfoque protege de manera prioritaria a sectores clave de la producción, como agricultores, transportistas y comerciantes, quienes históricamente han sido blanco de grupos criminales, asegurando que el fruto de su trabajo no termine en manos de la delincuencia organizada.
Más allá del castigo en celdas, la estrategia estatal se sustenta en un modelo de inteligencia y tecnología que incluye la inhibición de señales celulares en centros de reclusión y el congelamiento inmediato de cuentas bancarias vinculadas a actividades ilícitas.
Durante la exposición de motivos, los legisladores enfatizaron que esta ley es una herramienta de justicia social que busca proteger el ingreso de las familias trabajadoras y garantizar la continuidad de la lucha contra la impunidad iniciada en el sexenio anterior.
Con la implementación de protocolos especializados en el número de denuncia 089 y campañas de concientización masiva, el Gobierno de Tabasco apuesta por una ruta integral donde la prevención, la investigación avanzada y la aplicación de penas máximas cierren el paso a cualquier modalidad de extorsión en el territorio estatal.
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Caja de datos
Nuevas penas y agravantes tras la reforma
15 a 25 años de prisión.
300 a 500 veces el valor diario de la UMA de las multas.
7 a 17 años adicionales a montachoques.
5 a 12 años adicionales a sectores vulnerables.
4 a 8 años adicionales a quien lacere a grupos económicos
Penas adicionales severas para quienes utilicen a niños o adolescentes en la comisión del ilícito.
