Constitución y Derechos Humanos se fortalece la impartición de justicia en Tabasco
el conversatorio “Derechos Humanos y Constitución” en Tabasco
En un esfuerzo por estrechar el vínculo entre la teoría jurídica y la práctica cotidiana en los juzgados, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) llevó a cabo el conversatorio “Derechos Humanos y Constitución”, evento diseñado específicamente para la actualización de magistradas, magistrados y profesionales del derecho.
La directora de la Unidad de Igualdad y Género, Martha Silvia Martínez Ocampo, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes; subrayando que este tipo de capacitaciones no solo celebran la vigencia de nuestra Ley Fundamental, sino que representan un pilar institucional para fortalecer la ética y la eficiencia en el servicio público.
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La jornada académica contó con la destacada participación de José Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y de José Félix López López, presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados.
Ambos ponentes entablaron un diálogo profundo donde compartieron conocimientos técnicos, experiencias en el litigio y reflexiones críticas sobre la evolución del marco legal mexicano.
El consenso de la mesa fue claro: al hablar de los derechos humanos contenidos en la Constitución, se reconoce formalmente la igualdad sustantiva en el país, transformando el texto constitucional en una herramienta viva que debe garantizar la dignidad humana por encima de cualquier formalismo procesal.
Bajo la conducción de Zulima Zavala Montejo, quien fungió como moderadora, se destacó la relevancia histórica de la Carta Magna como el resultado de luchas sociales que hoy se traducen en libertades ciudadanas.
Zavala Montejo enfatizó que derechos que hoy se consideran elementales, como el sufragio universal o el acceso expedito a la justicia, fueron en su momento demandas sociales pagadas con grandes sacrificios.
El análisis de nuestra “ley máxima” se presentó así no solo como un ejercicio académico, sino como una necesidad imperativa para los operadores jurídicos, quienes tienen la responsabilidad de proteger el legado democrático y social que define al Estado de Derecho contemporáneo.
