Durante el ejercicio 2025, la suma de esfuerzos entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) consolidó una estrategia de seguridad sin precedentes en Tabasco, logrando cifras históricas en el combate a la impunidad.
El titular de la FGE, Oscar Tonathiu Vázquez Landeros, reportó el cumplimiento de 1,567 órdenes de aprehensión y la detención de 2,882 personas en flagrancia, destacando que la operatividad de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) “Olmeca” fue clave para alcanzar 3,979 vinculaciones a proceso. Este despliegue no solo fortaleció la persecución penal, sino que garantizó la ejecución de 822 cateos del fuero común, enviando un mensaje contundente contra la delincuencia organizada y común en la entidad.
En el ámbito de la justicia federal, el delegado de la FGR, Martín Rivera Cisneros, calificó los resultados como un hito institucional al registrar aumentos exponenciales en la efectividad ministerial. Según el comparativo respecto al año 2022, las sentencias condenatorias y los cateos a inmuebles vinculados al almacenamiento ilícito de hidrocarburos crecieron un 249% y 248%, respectivamente.
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Además, se judicializaron 430 carpetas de investigación y se lograron 487 vinculaciones a proceso en delitos del orden federal, lo que representa un incremento del 243% en la productividad operativa de la delegación, reforzando el Estado de Derecho a través de mecanismos de inteligencia y colaboración interinstitucional.
Más allá de las cifras punitivas, la estrategia de justicia en 2025 priorizó la proximidad social y la reparación del daño como pilares de la paz pública. Bajo esta visión, se recuperaron más de 12 millones de pesos a favor de instituciones gubernamentales mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, mientras que la FGE brindó atención directa a 816 ciudadanos a través de jornadas itinerantes y plataformas digitales.
El informe concluyó resaltando el enfoque preventivo de la FGR, que alcanzó a más de 19 mil estudiantes con pláticas de sensibilización y capacitó a 1,683 policías de los tres niveles de gobierno para profesionalizar las detenciones en flagrancia, asegurando que el éxito jurídico inicie desde el primer contacto policial.
