Fiscalía resolverá situación jurídica de ex rector del tecnológico zona ríos: IParrea
La Secretaría de Educación del Estado (SETAB) confirma que el exdirector del Tecnológico Superior de Los Ríos, Iván Arturo “N”, enfrentará la acción de la fiscalía general del Estado (FGET) tras denuncias directas de las víctimas por abuso sexual y extorsión, deslindándose así de la injerencia directa en el proceso penal.
La secretaria de Educación del Estado, Patricia Iparrea Sánchez, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) ha atraído la investigación penal contra Iván Arturo “N”, exdirector del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos.
El exfuncionario fue detenido por los presuntos delitos de abuso sexual y extorsión, un caso que ha sacudido a la comunidad educativa.
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La secretaria explicó que la intervención de la Fiscalía se debe a que fueron las propias víctimas quienes presentaron formalmente las denuncias, lo que traslada la competencia del caso del ámbito educativo al penal, dejando a la Secretaría de Educación (SETAB) sin injerencia directa.
Respecto a las responsabilidades que competen a la esfera administrativa y de fiscalización, Iparrea Sánchez puntualizó que los asuntos relacionados con auditorías y responsabilidades internas son atendidos por el Órgano Interno de Control.
Esta instancia tiene la misión de dar seguimiento a los procedimientos que correspondan en el plano institucional, separando las acciones administrativas de los procesos penales. Con ello, la SETAB busca garantizar que se apliquen las medidas administrativas pertinentes más allá del curso legal que sigue el exdirector.
Finalmente, la titular de Educación aprovechó para subrayar la postura de la dependencia ante otras acusaciones de presuntos actos de corrupción dentro de instituciones educativas.
La secretaria aseguró que la SETAB ha atendido todos los casos que se han hecho públicos, incluyendo aquellos que fueron difundidos a través de plataformas digitales y redes sociales. Esta declaración refuerza el compromiso de la dependencia con la transparencia y la atención a cualquier señalamiento que involucre a personal educativo.
