SCJN ordena transformación total del archivo general del estado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha forzado al Congreso de Tabasco a reformar integralmente su Ley de Archivos. La sentencia, que exige corregir "vicios" legales, ordena convertir el Archivo General del Estado (AGE) en un organismo público descentralizado, dotándolo de autonomía, patrimonio y una estructura propia, además de fortalecer el Consejo Local de Archivos y actualizar el régimen de infracciones y sanciones.
Con 33 votos a favor, el congreso tabasqueño llevo a cabo la aprobación del mandato judicial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual lo conmina a realizar reformas sustanciales a la Ley de Archivos local.
Esta acción es el resultado de una sentencia que busca corregir “vicios” identificados en la legislación actual.
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La principal exigencia de la SCJN es la transformación jurídica del Archivo General del Estado (AGE), obligando a los diputados a establecerlo como un organismo público descentralizado.
Este cambio fundamental no solo le otorgará autonomía y eficiencia operativa, sino que también obligará a la legislación a detallar su estructura orgánica, funcional, presupuestal, patrimonio, y la creación de órganos de gobierno y vigilancia, así como un Consejo Técnico especializado para asegurar su correcta administración y rendición de cuentas.
El segundo gran pilar de las modificaciones exigidas por el Poder Judicial Federal se centra en robustecer la operatividad del Consejo Local de Archivos.
La SCJN vincula explícitamente al Congreso a establecer en la ley que el Archivo General del Estado (AGE) deberá presidir este Consejo, asegurando así una mejor coordinación en la toma de decisiones.
Para garantizar su eficacia, la reforma debe regular aspectos clave de su funcionamiento interno: desde los mecanismos de suplencia de sus integrantes y la convocatoria a sesiones extraordinarias, hasta la instauración de un mecanismo de desempate, como el voto de calidad, e imponer la obligación de motivar los votos. Adicionalmente, y en cumplimiento con la Ley General de Archivos, el Congreso tiene el deber de actualizar el régimen de infracciones y sanciones, distinguiendo claramente entre faltas graves y no graves para castigar el incumplimiento de la normativa archivística.
Ante este panorama, voto y aprobó el poder legislativo la resolución a fin de dar cumplimiento a dicho mandato.
