España prepara una ley para identificar contenidos generados con IA; contempla multas de hasta 35 millones de euros por uso indebido.
El gobierno español busca garantizar un uso “ético, inclusivo y beneficioso” de la inteligencia artificial (IA)
El Ejecutivo español planea imponer por ley la obligación de identificar los contenidos generados con IA y establecer un régimen de sanciones para quienes hagan un uso indebido de esta tecnología, con multas que podrían llegar hasta los 35 millones de euros o el 7% de la facturación de la empresa.
Todo esto quedará reflejado en la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros. Con esta normativa, el gobierno busca garantizar un uso “ético, inclusivo y beneficioso” de la IA y facilitar que los ciudadanos puedan distinguir entre los contenidos reales y los generados artificialmente.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, resaltó la importancia de esta nueva normativa, destacando que la IA es una herramienta “poderosa” que puede impulsar el crecimiento económico, ayudar en la lucha contra enfermedades y favorecer el desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, también puede ser utilizada para difundir desinformación, fomentar el odio y amenazar la democracia.
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Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, López también presentó un informe sobre el uso de la IA en España, señalando que, según el estudio, el PIB nacional podría aumentar hasta un 8% —más de 100 mil millones de euros— en los próximos diez años si esta tecnología se implementa correctamente.
El ministro situó el nuevo anteproyecto dentro del “escudo europeo” para la protección de los derechos digitales, que complementa la ley de servicios digitales y de los medios de comunicación. Asimismo, destacó que esta norma adaptará la legislación española al reglamento europeo de IA, ya en vigor.
Técnicas subliminales con IA prohibidas
El anteproyecto, alineado con el reglamento europeo, prohíbe ciertas prácticas en el uso de la IA, como el empleo de técnicas subliminales (sonidos o imágenes imperceptibles) para manipular decisiones sin consentimiento. También se prohibirá el uso de chatbots que identifiquen a usuarios con adicción al juego y los inciten mediante técnicas subliminales a acceder a plataformas de apuestas en línea.
Asimismo, se prohibirá aprovechar vulnerabilidades relacionadas con la edad, discapacidad o situación socioeconómica para alterar comportamientos y causar posibles daños. Como ejemplo, el ministro mencionó el caso de un juguete con IA que motive a los niños a realizar retos peligrosos que podrían causarles lesiones graves.
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La nueva normativa también vetará la clasificación biométrica de personas por raza, orientación política, religión o sexualidad, así como la puntuación de individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o características personales para denegar beneficios como subvenciones o préstamos, o evaluar el riesgo de cometer delitos usando datos personales como historial familiar, nivel educativo o residencia.
Las multas por el uso indebido de estos sistemas oscilarán entre 7,5 y 35 millones de euros, o entre el 2 y el 7% de la facturación mundial de la empresa responsable. En el caso de las pymes, las sanciones podrán ser inferiores.
Contra la “ultrasuplantación” o deepfake
El ministro indicó que las autoridades responsables de supervisar los sistemas prohibidos serán la Agencia Española de Protección de Datos (para sistemas biométricos y de gestión de fronteras); el Consejo General del Poder Judicial (para sistemas de IA en el ámbito de la justicia); la Junta Electoral Central (para sistemas que afecten a procesos democráticos); y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (para el resto de los casos).
La ley también definirá, siguiendo el reglamento europeo, los “sistemas de alto riesgo”, entre los que estarán aquellos que se utilicen como elementos de seguridad en productos industriales, juguetes, equipos de radiocomunicación o productos sanitarios, así como los sistemas para garantizar el derecho, la migración, el asilo y el control fronterizo, además de aquellos empleados en la administración de justicia y en procesos democráticos.
Estos sistemas deberán cumplir con una serie de requisitos, y las infracciones conllevarán sanciones que pueden ir desde 500 mil hasta 7,5 millones de euros, o entre el 2 y el 3% de la facturación mundial de la empresa en el ejercicio anterior.
