Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería nacional, ha declarado que Ecuador ha intervenido las comunicaciones de la legación mexicana en Quito, lo que constituye una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Celorio señaló que esta acción también frustra y obstaculiza el trabajo diplomático de la embajada y su personal.
En la demanda presentada por el gobierno mexicano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), se detalla que Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la misión diplomática en Ecuador, observó un vehículo militar estacionado afuera de la Embajada de México.
Al compartir sus preocupaciones y una fotografía del vehículo con otros miembros de la embajada, se informó que se trataba de un vehículo militar utilizado para intervenir las comunicaciones móviles.
Además, se denuncia que Eva Martha Balbuena Reyes, jefa de Administración en la legación, fue seguida por agentes de policía mientras conducía su vehículo, lo que la llevó a regresar a la sede diplomática por temor a su seguridad personal.
Durante el operativo para detener al exvicepresidente Jorge Glas, Canseco y Balbuena notaron que la señal en sus celulares no funcionaba, posiblemente debido a la interferencia del vehículo militar táctico mencionado, y que el teléfono fijo del guardia de seguridad de la embajada estaba fuera de servicio, ya que agentes ecuatorianos habían cortado los cables telefónicos.
La CIJ recibió formalmente la demanda de México contra Ecuador respecto a la controversia sobre “derechos jurídicos” por violar la inmunidad de su embajada en Quito.
En la solicitud, México explica los hechos antes, durante y después de la irrupción violenta en la embajada mexicana el pasado viernes y señala que el incidente del 5 de abril no fue aislado, sino que fue precedido por una serie de actos de intimidación y acoso por la defensa a Jorge Glas.
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Los puntos destacados de la demanda ante la CIJ incluyen la solicitud de que el gobierno de Ecuador adopte medidas apropiadas e inmediatas para garantizar la plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, bienes y archivos, permita a la representación diplomática despejar los locales diplomáticos y las residencias privadas de los funcionarios que regresaron a México, se abstenga de cualquier acto que pueda agravar o ampliar la controversia, y establezca un precedente contra cualquier Estado que actúe de manera similar a Ecuador.
