La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llegó a El Salvador con una agenda que dice mucho del rumbo de su gobierno. Invitada por Nayib Bukele, tiene previsto recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel convertida en emblema de la guerra contra las pandillas, además del Hospital Rosales y una escuela pública.
El viaje no es protocolario. Desde que asumió el 28 de julio, Fujimori ha hecho de la seguridad el eje de su mandato: las Fuerzas Armadas lideran temporalmente el control interno en zonas bajo estado de emergencia, presentó un plan con un comando unificado contra el crimen y prometió retomar el control de las cárceles. También ha propuesto un penal de alta peligrosidad inspirado en el Cecot.
Perú se suma así a los gobiernos latinoamericanos que miran a San Salvador como referencia. El atractivo es comprensible. Bukele convirtió la caída de la violencia en capital político dentro y fuera de sus fronteras, y para líderes que enfrentan extorsión, sicariato y economías ilegales, la promesa de resultados rápidos es difícil de ignorar.
Pero trasladar el modelo no es sencillo. El Salvador es un país pequeño, con pandillas territoriales identificables y un poder concentrado en el Ejecutivo. Perú enfrenta un crimen más diverso, ligado al narcotráfico y la minería ilegal en vastas zonas, y arrastra una década de inestabilidad: Fujimori es la novena persona en gobernar el país en diez años. Además, el esquema salvadoreño descansa en un régimen de excepción prolongado que organismos de derechos humanos han cuestionado con insistencia.
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La pregunta para Lima no es si debe endurecer su política de seguridad, sino si puede hacerlo sin debilitar las instituciones que necesita para gobernar. La mano dura gana elecciones; sostener sus resultados exige un Estado capaz.
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