Francia propone penas más duras por disturbios y bloqueos de redes
El Senado francés debate una reforma que elevaría las sanciones por daños durante protestas y permitiría bloquear plataformas digitales que no retiren contenidos que inciten a la violencia.
El proyecto de ley “el que rompe, paga” contempla aumentar las penas de prisión hasta tres años, elevar las multas a 45 mil euros y establecer plazos para eliminar publicaciones que promuevan actos violentos.
Francia busca endurecer las sanciones por disturbios
El Senado de Francia analiza un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes provoquen disturbios, saqueos y daños materiales durante manifestaciones. La iniciativa, denominada “el que rompe, paga”, busca facilitar la indemnización de las víctimas y reforzar la responsabilidad civil y penal de las personas involucradas.
La propuesta será debatida y sometida a votación en la Cámara Alta, después de recibir una docena de enmiendas de la Comisión de Leyes del Senado que endurecieron algunas de sus disposiciones.
El proyecto surgió tras los disturbios y saqueos registrados durante las protestas del pasado 17 de octubre. Entre las medidas planteadas se encuentran el uso de drones con fines judiciales, la suspensión de cuentas en servicios digitales y la posibilidad de embargar determinadas prestaciones sociales a quienes sean responsables de los daños.
Además, la iniciativa contempla elevar las penas máximas de prisión de uno a tres años y aumentar las multas de 15 mil a 45 mil euros.
Proponen responsabilizar a participantes en los destrozos
La reforma también busca ampliar la responsabilidad civil a las personas que permanezcan en el lugar de los daños pese a una orden de dispersión, con el propósito de facilitar la reparación económica de las afectaciones ocasionadas.
Otro punto de discusión es el límite de 10 mil euros previsto para los reembolsos por persona implicada. La cantidad ha generado críticas entre quienes consideran que podría resultar insuficiente para cubrir los daños.
Sin embargo, algunos legisladores advierten que aumentar ese límite podría provocar cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la reforma.
La iniciativa ha generado diferencias entre las fuerzas políticas. Los partidos de izquierda alertan sobre posibles afectaciones a la libertad de manifestación, mientras que sus defensores argumentan que las nuevas disposiciones permitirían distinguir entre quienes protestan pacíficamente y quienes cometen delitos durante las movilizaciones.
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Francia plantea bloquear redes sociales por contenido violento
En paralelo, el Gobierno francés presentó una enmienda que permitiría solicitar el bloqueo o la desindexación de plataformas digitales que no retiren contenidos ilícitos dentro de los plazos establecidos.
La propuesta fija un plazo de una hora para eliminar publicaciones que inciten a atentados, a la insurrección o al uso de armas contra el Estado o una parte de la población.
Para otros contenidos que promuevan directamente delitos graves, como agresiones, robos y destrucciones que puedan alterar gravemente el orden público, se plantea un periodo de hasta 24 horas para su retirada.
El Ejecutivo sostiene que las redes sociales pueden facilitar la propagación de la violencia cuando se utilizan para difundir mensajes o convocatorias que favorecen los saqueos y los enfrentamientos.
La reforma también contempla ampliar las competencias de Pharos, el servicio policial francés encargado de recibir denuncias sobre contenidos ilícitos en internet.
La propuesta abre un debate sobre la libertad digital
Las medidas planteadas también generan interrogantes jurídicos sobre los límites de las restricciones a las plataformas digitales y la protección de las libertades fundamentales.
En 2025, el Consejo de Estado francés consideró desproporcionado el bloqueo de TikTok en Nueva Caledonia durante los disturbios de 2024, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicar restricciones en circunstancias excepcionales.
Tras el análisis en el Senado, el Gobierno busca que la iniciativa avance con rapidez en la Asamblea Nacional para responder a los episodios de violencia y saqueos registrados en el país.
La discusión se centra en cómo reforzar la seguridad pública y garantizar la reparación de los daños sin imponer restricciones desproporcionadas a la libertad de manifestación y de expresión en internet.
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