Frenan impunidad del maltrato animal
La jurista puntualizó que el esquema sancionador no solo contempla la privación de la libertad, sino que exige una retribución directa para la atención médica y recuperación de los ejemplares rescatados.
Gabriela Rafael Sastre, coordinadora jurídica del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad y activista defensora de los derechos de los animales, afirmó que Tabasco se posiciona en primer plano a nivel nacional gracias al impulso penal contra agresores de la fauna doméstica y silvestre.
Como resultado del trabajo coordinado con las autoridades, en lo que va del presente año se registran 419 carpetas de investigación iniciadas, más de 200 casos judicializados, tres personas bajo prisión preventiva en el Juzgado de Control y más de 70 agresores que han tenido que liquidar montos de reparación del daño.
La jurista puntualizó que el esquema sancionador no solo contempla la privación de la libertad, sino que exige una retribución directa para la atención médica y recuperación de los ejemplares rescatados.
“Depende del protocolo que le hagan al animal; la cantidad más alta que han pagado son 52 mil pesos al rescatista y a la veterinaria. Es decir, el Partido Verde no se queda con los pagos, y eso se hace por medio de Fiscalía o Juzgado de Control”, puntualizó Rafael Sastre, precisando que los recursos ingresan íntegramente a clínicas veterinarias y refugios aliados para atender a perros, gatos e incluso aves como loros y guacamayas rescatadas con desnutrición, sarna o lesiones graves.
TAMBIÉN TE PUDIERA INTERESAR:
En el mapa municipal, la representante del PVEM reconoció avances e intenciones de colaboración institucional en demarcaciones como Comalcalco, donde las autoridades proyectan la edificación de un albergue municipal; sin embargo, advirtió sobre focos rojos en el territorio estatal.
Un hecho reciente se registró en el municipio de Huimanguillo, donde elementos de la Policía Municipal provocaron la muerte de Valentina, una canina gestante. Al respecto, Rafael Sastre señaló que la alcaldesa acordó que los uniformados involucrados sufraguen la reparación del daño a los afectados.
No obstante, la activista recalcó que la respuesta no debe limitarse a un acuerdo económico, exigiendo que las áreas internas de fiscalización actúen con el máximo rigor de la ley.
“Nosotros lo que en su momento señalamos e insistimos es que le compete en este momento exclusivamente a la presidenta municipal iniciar, a través de su Contraloría, que estudien el caso”, sentenció Gabriela Rafael Sastre, enfatizando que los procedimientos administrativos deben deslindar responsabilidades disciplinarias para sentar un precedente claro frente a la actuación de los servidores públicos.
Más de Felipe Rosales Pérez
