Fortalecen el marco legal del estado
En conferencia de prensa, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jesús Manuel Argáez de los Santos, dio a conocer los avances legislativos en materia de vivienda, certeza jurídica, seguridad y democracia participativa.
El Gobierno del Estado de Tabasco ha implementado una profunda reestructuración normativa para agilizar trámites administrativos, erradicar la duplicidad de funciones e impulsar el desarrollo social.
Durante un encuentro con los medios de comunicación, el consejero jurídico, Jesús Manuel Argáez de los Santos, destacó las reformas a la Ley Registral y al Código Civil de la entidad, las cuales reducen los tiempos de inscripción registral de un promedio de ocho a tan solo tres meses.
Con estas adecuaciones, se establece la obligación de inscribir las escrituras ante el Registro Público antes del trámite catastral, garantizando la certeza jurídica de los actos de dominio e integrando expedientes con copias certificadas conforme a estándares nacionales.
En materia de desarrollo social y vivienda, las modificaciones a la Ley de Vivienda de Tabasco y al artículo 83 de la Constitución Política local otorgan facultades al Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) para inscribir directamente documentos privados de adquisición y formalización de inmuebles.
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Esta medida facilita la enajenación de bienes municipales para proyectos de autoconstrucción e interés social, respaldando una política histórica de vivienda. Asimismo, en el ámbito institucional, se homologaron las leyes locales con el marco federal para concretar la elección judicial en junio de 2028 bajo criterios de paridad de género, se consolidó la Universidad Judicial y se normó la revocación de mandato para el cuarto año del periodo constitucional.
El funcionario estatal enfatizó que, como parte de este reordenamiento gubernamental para ofrecer una administración pública más eficiente, por primera vez todas las secretarías del estado cuentan con sus respectivos reglamentos interiores formalizados.
Argáez de los Santos puntualizó que estas acciones, sumadas a la actualización de la Ley de Planeación y a la armonización del sistema de seguridad pública, buscan dotar al Poder Ejecutivo de herramientas legales modernas y transparentes que protejan el patrimonio de la población sin impactar las arcas públicas.
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