Futuro incierto para estudiantes de escuelas militarizadas
El Instituto Militarizado y la Academia Militarizada del Sureste deberán acatar la clausura antes del ciclo 2026-2027
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtieron que la llamada “educación militarizada” carece de sustento legal en el sistema educativo nacional para menores de edad, declarando la incompatibilidad absoluta de este modelo con la Nueva Escuela Mexicana.
La determinación oficial surge tras el deceso de la estudiante Dafne Zapata Quintos, de 13 años, durante un entrenamiento organizado por un plantel privado en Tamaulipas, hecho que detonó la revisión federal de todas las instituciones que operan bajo modalidades castrenses en el país.
El titular de la SEP, Mario Delgado, condenó que se utilice la disciplina militar para justificar abusos o maltratos hacia la niñez, confirmando que se han emitido oficios a las 32 entidades federativas para revocar permisos y cerrar definitivamente estos planteles.
Esta orden federal impacta de manera directa en Tabasco, donde operan actualmente dos instituciones particulares bajo esta modalidad: el Instituto Militarizado del Sureste y la Academia Militarizada del Sureste de México A. C.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Ambas ofertas educativas, que promueven el adiestramiento físico, la jerarquía y el régimen de obediencia en niveles de secundaria y bachillerato, han mantenido históricamente presencia en la entidad mediante actividades públicas e interacciones con organismos locales.
Sin embargo, ante el deslinde formal de la Sedena —la cual aclaró no tener facultades ni vínculo alguno para autorizar o supervisar escuelas privadas—, la validez de los programas impartidos por estos colegios en suelo tabasqueño ha quedado anulada por las autoridades centrales.
La determinación del Gobierno de la República deja un panorama incierto para los estudiantes matriculados en estas academias tabasqueñas con miras al ciclo escolar 2026-2027.
Al no existir un marco jurídico que permita a entes privados instruir a menores en formación militar —tarea reservada exclusivamente al Estado para la capacitación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional—, las autoridades educativas estatales deberán ejecutar la inspección y clausura de los inmuebles antes del arranque de las próximas clases.
El proceso administrativo obligará a los tutores y a las dependencias locales a coordinar la reubicación inmediata de la matrícula estudiantil hacia el sistema regular para garantizar su derecho a la educación en entornos seguros y apegados a la ley.
Más de Felipe Rosales Pérez
