La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para no separarlo del cargo o inhabilitarlo dentro del juicio político que le inició la Comisión Anticorrupción del Congreso de la entidad.
La Corte refiere que se procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional.
“Es importante reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”.
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“Lo anterior, toda vez que de no concederse en los términos precisados se afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de gobierno del titular del Ejecutivo estatal, lo que podría generar un daño de difícil reparación frente a una sentencia estimatoria, pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable. Además, con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su Titular”, detalla la Corte.
“Acaba de publicar la SCJN la admisión y suspensión del Juicio Político”, escribió García sobre el documento.
La SCJN argumentó que, de no otorgarse la suspensión, podría generarse una afectación de difícil reparación en caso de que posteriormente se declarara fundada la controversia constitucional, “pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”.
El proceso se originó a partir de una denuncia promovida por Morena, en la que se señalan presuntas violaciones constitucionales, irregularidades en el procedimiento y un supuesto desvío o triangulación de recursos públicos.
El gobierno estatal ha sostenido que el expediente utilizado para sustentar el juicio político carece de pruebas suficientes y que únicamente contiene la identificación oficial de la persona denunciante, así como recortes y notas periodísticas.
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