Entra en vigor reforma que permite perseguir de oficio el abuso sexual en México
El delito de abuso sexual podrá investigarse de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima ratifique una denuncia para que el Estado inicie una investigación
La Secretaría de las Mujeres anunció la entrada en vigor de las reformas a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal.
A partir del 14 de marzo, el delito de abuso sexual podrá investigarse de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima ratifique una denuncia para que el Estado inicie una investigación.
La reforma fue promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia sexual.
Según cifras oficiales, siete de cada diez mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, y casi la mitad —49.7%— ha experimentado violencia sexual a lo largo de su vida.
Además de modificar la forma en que se persigue el delito, la reforma redefine el concepto de abuso sexual al colocar la autonomía corporal y el consentimiento en el centro del marco legal.
El nuevo texto establece que comete este delito quien realice actos sexuales sin autorización, obligue a la víctima a presenciarlos, a ejecutarlos sobre sí misma o a exhibir su cuerpo.
La nueva redacción se basa en dos principios fundamentales: el silencio, la pasividad o la ausencia de resistencia física no pueden interpretarse como consentimiento y el consentimiento carece de validez si existe violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza o cualquier situación de vulnerabilidad.
“Estamos dando pasos firmes para crear un nuevo país para las mujeres, donde se sientan seguras y puedan desarrollarse personal y profesionalmente”, afirmó Citlalli Hernández Mora, titular de la dependencia.
Hacia la homologación nacional
La reforma también busca replicarse en todo el país. A través del llamado Pacto de Xicoténcatl, impulsado en 2025, el gobierno federal promovió que las entidades federativas armonicen su legislación con el nuevo enfoque.
Hasta marzo de 2026, 15 estados ya han promulgado y puesto en vigor modificaciones similares en sus códigos penales, permitiendo la persecución de oficio del delito.
En las 17 entidades restantes, la iniciativa ya fue aprobada en comisiones legislativas y se encuentra a la espera de discusión y votación en los congresos locales.
El objetivo es que las 32 entidades del país compartan un mismo criterio jurídico en torno al consentimiento y la persecución del abuso sexual.
Penas más severas y medidas reeducativas
Las sanciones base se mantienen entre tres y siete años de prisión, además de multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Sin embargo, la reforma establece agravantes que incrementan las penas cuando: existe violencia física o psicológica, participan dos o más agresores, el responsable mantiene una relación de confianza con la víctima (docente, laboral, religiosa o deportiva) y el agresor es servidor público o ministro de culto, lo que puede implicar destitución e inhabilitación.
Como complemento, el marco legal introduce medidas reeducativas, como talleres con perspectiva de género y servicio comunitario para los agresores, aunque los mecanismos para evaluar su cumplimiento aún deberán definirse.
