Tabasco buscan tipificar la violencia ácida como agresión extrema
Con la presencia de la activista María Elena Ríos, el Congreso local impulsa una reforma integral para blindar a las mujeres contra ataques con sustancias corrosivas y fortalecer la protección digital.
El Congreso Tabasqueño analiza una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer oficialmente la violencia ácida, junto a la digital y mediática, como manifestaciones de crueldad extrema.
Durante la sesión ordinaria, que contó con la presencia de la reconocida saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz, el diputado Elías Othoniel Madera Cordero (PT) presentó esta propuesta que busca subsanar lagunas legales históricas.
La reforma define estos ataques como actos deliberados que utilizan ácidos, álcalis o sustancias químicas para desfigurar, anular la identidad y truncar el proyecto de vida de las víctimas, estableciendo un marco de atención integral y protección efectiva que trasciende lo meramente punitivo para enfocarse en la reparación del daño.
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La exposición de motivos subrayó que la violencia ácida no representa un evento fortuito, sino una herramienta de control patriarcal diseñada para enviar un mensaje de terror y sometimiento a las mujeres que ejercen su autonomía.
Al tomar como referente el caso de Ríos Ortiz —quien se ha convertido en el rostro de la resistencia tras sobrevivir a un ataque y enfrentar un sistema institucional omiso—, el legislador enfatizó la urgencia de que Tabasco no solo nombre esta violencia, sino que garantice mecanismos de prevención y sanción adecuados.
La iniciativa propone un enfoque preventivo que obligue a las instituciones a actuar antes de que las agresiones escalen, reconociendo que el uso de agentes corrosivos constituye uno de los ataques más devastadores contra la integridad física y psicológica de una persona.
Con este movimiento legislativo, Tabasco se encamina a convertirse en la entidad número 18 de México en armonizar su marco normativo con la realidad de las agresiones contemporáneas.
La propuesta busca fortalecer el tejido legal sin invadir competencias penales, pero sentando las bases para que el Estado asuma la responsabilidad de proteger a las mujeres de ataques que buscan causar daños permanentes y simbólicos.
Al integrar también la violencia mediática y digital, el Congreso local pretende edificar un escudo jurídico robusto que responda a la complejidad de la violencia de género actual, asegurando que ninguna agresión, ya sea en el plano físico o en el espectro virtual, quede fuera del alcance de la justicia y la protección gubernamental.
