Legislativo busca poner fin al abuso de inmobiliarias
Proponen reformas para obligar la municipalización de fraccionamientos y blindar la tutela de menores en el estado.
Durante la primera sesión del año de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, se presentaron dos iniciativas clave que buscan transformar la gestión urbana y el derecho familiar en Tabasco.
La primera propuesta, impulsada por el diputado Manuel Gurría Reséndez, pretende reformar la Ley Orgánica de los Municipios y la Ley de Condominios para frenar la problemática de los fraccionamientos inconclusos.
Esta medida surge ante el abandono de trámites de municipalización por parte de desarrolladores inmobiliarios, una práctica que actualmente genera cargas financieras insostenibles para los ayuntamientos y deja en la indefensión a los ciudadanos que adquieren viviendas sin servicios garantizados.
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La iniciativa de reforma otorgaría facultades estrictas a los gobiernos municipales para supervisar la entrega formal de obras y aplicar sanciones severas a las empresas incumplidas. Entre las medidas propuestas destacan la suspensión de permisos de comercialización, la inhabilitación de responsables y la imposición de multas económicas destinadas a resarcir los daños causados.
Con esto, se busca que el Estado cuente con herramientas jurídicas para exigir que los desarrolladores cumplan con la infraestructura básica antes de deslindarse de los proyectos, brindando así respaldo institucional a los compradores.
Por otro lado, el diputado Gerald Washington Herrera Castellanos presentó una modificación al Código Civil del Estado en materia de tutela.
Esta reforma tiene como objetivo central armonizar la legislación local con los principios constitucionales del interés superior del menor.
La propuesta busca garantizar que la activación de la tutela sea una medida excepcional, permitiéndola únicamente en escenarios extremos y debidamente comprobados cuando los padres no puedan ejercer la patria potestad.
Con ello, se pretende asegurar la estabilidad del entorno familiar y proteger los derechos de la infancia frente a procesos judiciales arbitrarios.
