La Cámara Minera de México expresó su preocupación por la propuesta de reforma al Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que la redacción aprobada en la Cámara de Diputados limitaría la construcción de infraestructura esencial para la minería formal y responsable, poniendo en riesgo la producción nacional de minerales y la estabilidad económica de comunidades que dependen de esta actividad.
Industria minera pide revisar reforma por posibles afectaciones
La Cámara Minera de México (Camimex) manifestó su inquietud ante los cambios propuestos al Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, impulsados por legisladores de Morena. Según el organismo, la nueva redacción generaría impactos significativos en la operación minera del país al restringir la instalación de infraestructura clave para el manejo responsable de residuos.
La Camimex subrayó que la minería formal en México opera bajo estrictas regulaciones ambientales y no vierte ni tiene intención de verter desechos tóxicos en ríos, lagos o cuerpos de agua. Destacó que los residuos del beneficio de minerales se almacenan en depósitos de jales construidos y supervisados según normas nacionales e internacionales.
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Infraestructura esencial, no descargas contaminantes
El sector explicó que la edificación de depósitos de residuos y obras para el manejo de aguas de uso minero es indispensable para garantizar operaciones seguras y transparentes. Remarcó que la autorización para estas instalaciones no implica descargas en cuerpos de agua, sino la construcción de obras reguladas y supervisadas por las autoridades ambientales.
La Camimex advirtió que la redacción aprobada del Artículo 118 podría impedir la instalación de infraestructura minera en amplias zonas del país, especialmente en regiones montañosas donde se concentran la mayoría de los proyectos. Esto, señaló, afectaría la continuidad de la producción de minerales estratégicos.
“México requiere una regulación sólida, basada en evidencia técnica, que proteja a la población y al medio ambiente sin frenar actividades esenciales para el país”, señaló el organismo.
Impacto social y económico
La Cámara advirtió que una prohibición absoluta como la que se interpreta en la propuesta afectaría a más de tres millones de familias que dependen directa o indirectamente de la minería, además de comprometer la economía nacional y la seguridad energética e industrial de México y Norteamérica.
El sector insistió en que el Artículo 118 debe establecer con claridad que los residuos mineros se confinan de manera segura, sin afectar cuerpos de agua, pero también reconocer la compleja geografía del país. De no hacerlo, advirtió, México podría volverse dependiente de la importación de minerales.
Asimismo, pidió que la legislación contemple la necesidad de contar con permisos y supervisión constante para infraestructura ubicada en zonas federales, indispensable para cumplir con las obligaciones ambientales vigentes.
La Camimex reiteró su apertura para trabajar con el gobierno federal en un marco regulatorio eficiente y sustentable que garantice la protección ambiental y permita a la industria seguir operando bajo estándares internacionales.
La reforma a la Ley de Aguas es promovida por el gobierno federal y por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
