Estados Unidos ejecuta su décimo ataque contra una embarcación supuestamente sospechosa de narcotráfico; mueren seis personas
El Pentágono atribuye el operativo a la banda Tren de Aragua; críticos y legisladores piden pruebas y claridad jurídica
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el ejército estadounidense realizó de noche su décimo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe, en el que murieron seis personas y que la administración atribuye a la organización Tren de Aragua. El gobierno ha difundido breves videos de los impactos, pero no ha presentado pruebas públicas sobre la carga o la identidad de los ocupantes; medios y parlamentarios han planteado dudas legales y diplomáticas sobre la campaña, mientras crece el despliegue militar en la región.
El anuncio de Hegseth, publicado en redes sociales, describe el ataque nocturno en “aguas internacionales” contra una embarcación que, según la nota del secretario, era operada por la banda Tren de Aragua; en su mensaje el funcionario calificó a los ocupantes como “narcoterroristas” y advirtió que Washington los perseguirá con la misma determinación que a grupos yihadistas. En el post se compartió un video en blanco y negro de unos 20 segundos en el que se ve un pequeño bote antes de ser alcanzado por un proyectil y estallar; la grabación termina antes de mostrar con claridad los restos o cualquier evidencia de narcóticos.
Uno más a la lista
La Casa Blanca y el Pentágono han situado estas operaciones dentro de la campaña que la administración puso en marcha en septiembre para “desarticular” las rutas marítimas del narcotráfico, una estrategia que ha incluido ataques tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental. Diversos reportes señalan que el ritmo de los operativos se ha acelerado en las últimas semanas y que el alcance geográfico se ha ampliado: desde principios de septiembre hasta ahora se han registrado múltiples incidentes letales en embarcaciones sospechosas, y el Ejecutivo estadounidense ha reforzado la presencia naval y aérea en la zona.
Las cifras exactas del balance humano varían según las notas: mientras varios medios describen que las muertes acumuladas por estas acciones rondan las cuatro decenas, algunas agencias reportan totales distintos (entre 43 y 46), una discrepancia que refleja la rapidez con la que las administraciones y los medios están actualizando la información y la dificultad de verificar identidades y nacionalidades en el mar. El Pentágono, hasta el momento, no ha hecho públicos indicios forenses o incautaciones que avalen la afirmación de que las embarcaciones atacadas transportaban carga ilícita.
Reacciones internacionales
La respuesta internacional y doméstica ha sido mixta y, en varios casos, crítica. Legisladores demócratas y expertos en derecho internacional han exigido que la administración estadounidense entregue al Congreso la justificación legal de emplear fuerza letal en alta mar contra sospechosos de narcotráfico, y han cuestionado si estas acciones se ajustan al derecho de guerra o a los marcos de aplicación de la ley. Gobiernos regionales, incluidos Caracas y Bogotá, han expresado alarma por la intensificación militar en zonas próximas a sus costas y han advertido sobre riesgos diplomáticos y humanitarios.
El ejecutivo estadounidense, por su parte, sostiene que la naturaleza transnacional y violenta de algunas organizaciones narcotraficantes —y la designación de ciertos grupos como “terroristas” por parte de la administración— habilita una respuesta militar encaminada a “mapear redes” y neutralizar capacidades logísticas en el mar. No obstante, la ausencia de información pública sobre cadenas de custodia de pruebas, el destino final de las supuestas drogas y la identificación de las víctimas aumenta la presión política para que la Casa Blanca ofrezca transparencia y explique los parámetros legales que rigen la campaña.
La campaña continua
En los próximos días se espera que el Congreso reciba más información de la administración sobre los operativos —incluido el alcance de la inteligencia utilizada y la lista de organizaciones objetivo—, mientras que organismos de derechos humanos y analistas advierten que la escalada militar, sin las garantías procesales y la cooperación internacional adecuadas, podría aumentar la inestabilidad regional y complicar las relaciones con gobiernos vecinos. La situación seguirá siendo monitoreada por medios y diplomáticos, en tanto las autoridades estadounidenses prometen continuar con los ataques “de día o de noche” para supuestamente frenar el flujo de drogas hacia mercados internacionales.
