El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (TSJ) ha concretado un significativo convenio de colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el objetivo primordial de desarrollar programas y acciones que fortalezcan la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
Esta iniciativa representa un paso fundamental hacia la mejora de los mecanismos judiciales y sociales que involucran a la población menor de edad, priorizando su bienestar y asegurando el respeto a sus garantías fundamentales.
El acuerdo contempla la ambiciosa creación de infraestructura especializada, destacando las Salas de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV) y las Salas Especializadas para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA). Es crucial subrayar que UNICEF aportará los recursos necesarios, incluyendo mobiliario, equipo tecnológico y la capacitación especializada para jueces, psicólogos y trabajadores sociales.
Este mecanismo de cooperación internacional permite la materialización de estas mejoras sin necesidad de recurrir a la creación de nuevos impuestos o la imposición de cargas fiscales adicionales a la ciudadanía tabasqueña.
En el acto de la firma, el magistrado presidente del TSJ, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, enfatizó la total disposición de la institución a fortalecer todas las acciones que aseguren de manera efectiva el respeto y la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Este compromiso institucional es clave para garantizar la sostenibilidad y el éxito de los programas conjuntos, marcando una clara pauta en la responsabilidad judicial hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Isabel Velázquez Luna, jefa de oficina de UNICEF en la frontera sur de México, explicó que estas nuevas salas están diseñadas para ser entornos adecuados y sensibles para entrevistas y audiencias con menores.
Destacó que el personal que operará en ellas será especializado y recibirá capacitación bajo un modelo de atención que integra las mejores prácticas internacionales en materia de protección de derechos de la infancia.
